Un gobierno que no opera eficientemente suele estar marcado por amplias brechas entre las necesidades de la población y los recursos disponibles. Pero quizás lo más alarmante en un escenario de desconfianza y desacreditación es el dispendio excesivo y los gastos incontrolables que se generan, agravando aún más la crisis institucional y económica del país.
La falta de gestión y de planificación en un gobierno desacreditado abre las puertas a un gasto descontrolado. Sin controles efectivos, los fondos públicos se dispersan en proyectos mal elaborados, contratos fraudulentos, y en la financiación de estructuras burocráticas sobredimensionadas. Este dispendio se traduce en un uso irracional de recursos, donde el dinero público parece evaporarse en gastos que ni siquiera aportan beneficios tangibles a la ciudadanía.
Además, en estos contextos, la opacidad en las finanzas públicas facilita la realización de gastos sin justificación ni supervisión clara. Los recursos destinados a programas sociales, obras públicas o servicios esenciales terminan siendo malgastados o desviados, dejando a la población sin los beneficios prometidos y al Estado con una profunda crisis de credibilidad.
El resultado es un círculo vicioso: las brechas estructurales entre lo que el Estado debería ofrecer y lo que realmente proporciona se agrandan, mientras que el dispendio y los gastos incontrolados dificultan la recuperación y el fortalecimiento de las instituciones. Esto genera un ambiente de desconfianza y desesperanza en la población, que ve cómo los recursos que podrían mejorar su calidad de vida se diluyen en una gestión ineficiente y corrupta.
En definitiva, la presencia de brechas amplias y el dispendio en un gobierno que no opera eficientemente no solo deterioran la economía, sino que también erosionan la legitimidad del Estado frente a sus ciudadanos. Para salir de esta trampa, se requiere una profunda transformación en la gestión pública, basada en la transparencia, la rendición de cuentas y una planificación estratégica orientada al bienestar social y al crecimiento sostenible.
