La soberanía es, en su esencia, la representación jurídica de la voluntad popular. No debe ser vista como un amuleto que permite a los líderes usurpar el poder, sino más bien como un compromiso a honrar las aspiraciones, derechos y deseos de quienes forman una nación. En este contexto, el respeto al derecho internacional se convierte en una obligación crítica que va más allá de la simple observación; implica la defensa activa de sus pilares fundamentales: elecciones libres, derechos humanos, separación de poderes y legitimidad democrática.
La soberanía, cuando se entiende correctamente, debe estar ligada a la libertad de las elecciones. Los ciudadanos tienen el derecho inalienable de elegir a sus gobernantes; este acto de elección es el reflejo más puro de su voluntad. Sin elecciones libres y justas, la soberanía se convierte en un vacío, una fachada que oculta el verdadero estado de la democracia. El caso de Nicolás Maduro en Venezuela ejemplifica esta problemática, donde las elecciones han sido socavadas por prácticas fraudulentas y mecanismos de control que impiden una verdadera competencia política.
El respeto a los derechos humanos es otro pilar esencial del derecho internacional y de la soberanía. Un gobierno que actúa en contra de los derechos fundamentales de su población no solo pierde la legitimidad, sino que también traiciona el principio mismo de soberanía. Los abusos cometidos por el régimen venezolano, que incluyen la represión de la disidencia y la violación de derechos básicos, son un claro indicativo de que la soberanía no puede servir como escudo para actos de tiranía y opresión.
La separación de poderes es igualmente crucial. Un sistema democrático requiere un equilibrio en el ejercicio del poder, asegurando que ninguna rama del gobierno tenga control absoluto. La falta de esta separación conduce a la concentración de poderes en manos de un solo líder o partido, lo que representa un peligro para la estabilidad y prosperidad de una nación. El tipo de control ejercido por Maduro sobre las instituciones en Venezuela es una violación no solo de la democraticidad, sino también de la soberanía misma.
La legitimidad democrática es, quizás, el concepto más crítico en este contexto. No se trata solo de ejercer el poder, sino de hacerlo con el consentimiento del pueblo. La comunidad internacional, al valorar la legitimidad de un gobierno, debe ir más allá de las palabras y los discursos, y mirar las acciones concretas que este realiza. La falta de reconocimiento a Maduro por parte de numerosas naciones es una indicación clara de que la comunidad global está dispuesta a no mirar hacia otro lado frente a las violaciones de estos principios.
En conclusión, la soberanía debe ser un reflejo de la voluntad popular y no un pretexto para la usurpación del poder. Respetar el derecho internacional implica defender activamente las bases de una sociedad democrática. Es un llamado a que todas las naciones reconozcan su responsabilidad en la promoción de elecciones libres, en la protección de los derechos humanos y en la defensa de una separación efectiva de poderes. Solo así podremos aspirar a un orden internacional que no solo respete la soberanía en términos técnicos, sino que también la haga verdaderamente significativa y justificada.
