República Dominicana vive estos días una de las horas más decisivas de su historia reciente. Mientras el nuevo Código Penal —Ley 74-25— se prepara para entrar en vigencia el próximo 3 de agosto, un grupo de organizaciones ha presentado ante el Tribunal Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad contra los artículos 106, 107, 108, 110 y 111, con un objetivo claro: abrir la puerta al aborto en el país a través de tres causales. Lo que se discute en esa sala no es un tecnicismo jurídico. Es, lisa y llanamente, si el Estado dominicano va a seguir protegiendo la vida desde la concepción, tal como lo manda el artículo 37 de su Constitución, o si va a empezar a admitir excepciones que, en la práctica, terminan siendo la puerta de entrada a una legalización mucho más amplia.
Un debate que se disfraza de «casos extremos»
La estrategia no es nueva ni es dominicana: ya la vimos en Chile y en buena parte de América Latina. Se construye el debate alrededor de tres situaciones dramáticas —riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación— precisamente porque generan simpatía y desarman la discusión racional. Pero conviene preguntarse: ¿es realmente necesario despenalizar para resolver estos casos, o se está usando el dolor real de algunas mujeres como ariete para instalar un derecho mucho más amplio?
En el caso del riesgo de vida de la madre, la respuesta médica y ética ya existe sin necesidad de tocar el Código Penal: cuando un médico interviene para salvar la vida de una mujer enferma y, como consecuencia indirecta y no buscada, sobreviene la muerte del que está por nacer, eso no es moralmente aborto. No hay delito que penalizar, y por tanto no hay nada que despenalizar. Convertir esto en una «causal» es, en el mejor de los casos, una confusión; en el peor, una forma de instalar el debate por la puerta de atrás.
En el caso de la inviabilidad fetal, la pregunta de fondo no cambia: ¿deja de ser persona humana un hijo solo porque su vida será breve? Acompañar a esos padres y a ese hijo —aunque sea por instantes, semanas o meses— con todo el amor posible, en lugar de adelantar su muerte, es una forma de dignidad que ninguna ley debería arrebatarle a una familia.
Y en el caso de la violación, nadie con sentido común minimiza la atrocidad que representa. Pero la pregunta sigue siendo incómoda y necesaria: ¿por qué la respuesta a una violencia brutal contra la mujer tiene que ser otra forma de violencia, esta vez contra un tercero inocente que no tuvo absolutamente ninguna responsabilidad en lo ocurrido? El sufrimiento de la víctima merece toda la red de apoyo —psicológica, social, legal, familiar— que el Estado y la sociedad puedan ofrecer. No merece que se le presente la eliminación de su hijo como la única salida.
Lo que dice la ciencia y lo que dice la Constitución
Uno de los elementos más llamativos de este tipo de debates es cuánto se evita hablar de embriología. Cualquier libro de texto que estudian los alumnos de medicina en el mundo —no un catecismo, sino ciencia básica— afirma que desde el momento de la fecundación existe un nuevo ser humano, genéticamente completo y en desarrollo continuo. No es una opinión religiosa: es un dato biológico. La discusión sobre si ese ser humano merece protección jurídica es, en cambio, una discusión moral y constitucional, y ahí es donde el artículo 37 de la Constitución dominicana ya dio una respuesta clara: el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte natural.
Por eso resulta preocupante que se intente forzar una interpretación expansiva de tratados internacionales para dejar sin efecto ese artículo constitucional. Ningún tratado ratificado por el país obliga a legalizar el aborto, y la pretensión de que organismos internacionales —o un tribunal— hagan por la vía judicial lo que el Congreso Nacional ha rechazado reiteradamente por la vía democrática, es en sí misma motivo de alarma. No se trata solo de defender una postura moral: se trata de defender la soberanía del pueblo dominicano para decidir sus propias leyes a través de sus representantes, y no por presión de minorías organizadas que buscan en los tribunales lo que no han logrado en el debate público.
El verdadero rostro de la compasión
Quienes defendemos la vida no defendemos la indiferencia ante el sufrimiento de las mujeres. Todo lo contrario: el camino provida es el camino de la mujer acompañada, no abandonada; de la mujer sostenida por su familia, su comunidad y el Estado, no empujada hacia una decisión irreversible bajo presión, miedo o soledad. La experiencia demuestra, una y otra vez, que una mujer bien acompañada en un embarazo difícil encuentra razones para no abortar. El verdadero progreso social no consiste en ampliar las causas legales para terminar con una vida, sino en multiplicar los recursos para sostenerla: apoyo psicológico, económico, médico y espiritual a la madre, sin sacrificar al hijo.
Consagrar por ley el derecho a terminar con la vida de un inocente —por más dramático que sea el contexto que lo rodea— es consagrar la fuerza como método para resolver los conflictos humanos. Y eso, lejos de ser un avance en derechos, es una derrota colectiva: la derrota de no haber sido capaces, como sociedad, de proteger a los dos miembros más vulnerables de cualquier embarazo en crisis: la madre y su hijo.
Lo que está realmente en juego
El Tribunal Constitucional dominicano tiene ahora en sus manos una decisión que trasciende el tecnicismo legal. No se trata solo de cinco artículos del Código Penal. Se trata de si la institución llamada a ser garante última de la Constitución va a reinterpretarla para abrir una puerta que el Congreso, la Procuraduría y la propia ciudadanía han mantenido cerrada de manera sostenida durante más de una década.
La movilización pacífica de miles de dominicanos —católicos, evangélicos, juristas y ciudadanos de a pie— frente al TC en las últimas semanas no es un capricho ideológico. Es la expresión de un pueblo que entiende que la vida humana, desde la concepción, no es un punto de negociación política ni una variable que se ajusta según la presión internacional del momento. Es, sencillamente, el fundamento sobre el cual se sostiene cualquier otro derecho.
República Dominicana tiene la oportunidad de seguir siendo un país que protege a sus más vulnerables —los que están por nacer y las madres en situación de crisis— sin tener que elegir entre unos y otras. Esa es la verdadera tercera vía: ni indiferencia ante el dolor de la mujer, ni sacrificio del hijo que lleva adentro. Acompañar, sostener, proteger a ambos. Esa es la batalla que de verdad vale la pena dar.
