Entendiendo que es un compromiso que atañe a todo el que vive la fe y siente con intensidad su misión cristiana, defender el valor de la vida y el de toda persona humana, externar su penar y sentir sobre una materia en la que se juega tanto la dignidad humana.
En mi calidad de laica, practicante de la fe católica, trataré de ofrecer una reflexión serena y equilibrada sobre la defensa de la vida naciente y la protección a toda madre gestante, en este momento, de ácidos debates en torno a la aprobación del proyecto del Código Penal actualmente observado por el Presidente(incluyendo 3 causales) y devuelto al Senado de nuestra República pendiente de aprobación.
Debemos aspirar pues a ser testigos de la misericordia y el amor de Dios por todos los seres humanos,con respeto por el pluralismo y sin renunciar al diálogo y a la tolerancia, en la convicción de que es posible buscar y encontrar verdades fundamentales acerca de la vida humana. No puede haber servicio de la fe sin promoción de la justicia; y no puede haber auténtica promoción de la justicia sin una ética consistente y coherente de la vida. Como ha escrito el Papa emérito Benedicto XVI: «El libro de la naturaleza es uno e indivisible, tanto en lo que concierne a la vida, la sexualidad, el matrimonio, la familia, las relaciones sociales, en una palabra, el desarrollo humano integral. Los deberes que tenemos con el ambiente están relacionados con los que tenemos para con la persona considerada en sí misma y en su relación con los otros. No se pueden exigir unos y conculcar otros. Es una grave antinomia de la mentalidad y de la praxis actual, que envilece a la persona, trastorna el ambiente y daña a la sociedad» (Ex Corde Ecclessiae, n12).
La defensa de la dignidad y del valor de la vida humana es la primera condición necesaria para encontrar la justicia y la paz en nuestra herida convivencia ciudadana. Dicha defensa constituye el mínimo en el que convergen democracia y derechos humanos. En los últimos años, nuevos avances en el conocimiento de la biología molecular del embrión y del feto nos llevan a la convicción de que desde la concepción nos encontramos ante una nueva vida humana distinta de sus progenitores y que, aunque dependiente y en fase de desarrollo, merece el respeto y la protección de la que gozan todos los seres humanos.
La defensa del valor y dignidad de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte, es un tema de derechos humanos y no simplemente una cuestión de preferencia personal o elección privada, y debería substraerse el debate de todo sesgo político y religioso. De hecho el debate sobre el aborto lleva a una fragmentación de nuestra sociedad. Son muy numerosos los valores primordiales y humanos que se entrelazan en la problemática de la defensa de la vida y protección de la mujer embarazada, para dejarlos al albur de las ideologías de uno y otro signo.
El nasciturus es un bien jurídico constitucionalmente protegido por el artículo 37 de nuestra Constitución que nos dice: “El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte”. Nuestra Constitución no excluye a ningún ser humano en cualquiera de las etapas de su ciclo vital o en cualquiera de las circunstancias en que se encuentre.La vida humana es un devenir, un proceso que comienza con la gestación, en el curso de la cual una realidad biológica va tomando corpórea y sensitivamente configuración humana, y que termina en la muerte; es un continuo sometido por efectos del tiempo a cambios cualitativos de naturaleza somática y psíquica. Por este motivo, el Estado no puede desproteger la vida en aquella etapa de su formación que no solo es condición para la vida independiente del claustro materno, sino que es también un momento del desarrollo de la vida misma.
Junto a la dignidad del nasciturus, hemos de tener en cuenta el hecho de su gran vulnerabilidad; la misma biología protege al concebido mediante el llamado «vínculo de apego» . El periodo de gestación es, pues, muy importante para el desarrollo fisiológico y psicológico del nuevo concebido. El vientre materno es la primera casa del nuevo ser y en ella debería ser acogido como un don y nunca como un problema, cuya solución sea el desembarazarse de él.
Aunque pudiera parecer, por los comentarios y datos que se publican, que la interrupción voluntaria del embarazo en cualquiera de las etapas del desarrollo ontogenético goza de una amplia aceptación social, los problemas psicológicos y humanos que quedan detrás de los guarismos nos urgen, junto a la prioritaria protección de la criatura desvalida en el seno de la madre, a acercarnos a la mujer que se encuentra enfrentada a ese trance, a veces, difícil de superar.
Me duele de una manera muy especial el conflicto interior de las mujeres embarazadas que se enfrentan al drama del aborto, víctimas de una tremenda presión a veces social, a veces económica, a veces emocional o psicológica. Estoy convencida que estar a favor de la vida es estar a favor de la mujer.
Estoy persuadida de que uno de los avances de la humanidad actual es la consecución del despliegue del potencial de las mujeres en todos los aspectos de la vida, para su realización humana completa, como puede ser el acceso al mundo laboral y profesional, cumpliendo una vocación especial, la que, sin duda ninguna, desarrolla con gran competencia. Es más, estoy convencida del enriquecimiento que ha traído a toda la humanidad el que la mujer haya aportado sus nuevos puntos de vista y su sensibilidad a una cultura y desarrollo humano fundamentada, hasta hace muy poco tiempo, en los esquemas y referencias de los varones, quienes ostentaban prácticamente todas las responsabilidades sociales.
Admiro, igualmente, el valor de la maternidad y no me parece justa la presentación de la maternidad como una rémora para la plena liberación de la mujer. La situación de injusticia y discriminación sistemática había hecho de la mujer en algunas culturas una máquina puramente reproductiva. No es, pues, extraño que ante este hecho se haya proclamado, como en la Plataforma de acción de Beijing en 1995 (IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la mujer) que los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a tener el control sobre sí mismas, a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva. Ahora bien, sería un grave error el creer que el tener el control responsable sobre su propio cuerpo, le hace dueña de la vida que alberga en sus entrañas. No puedo estar de acuerdo con que palabras como «libertad» o «elección», cuando se utilizan en el contexto del aborto, pasen a expresar la total libertad de terminar con el embarazo sin límites o condiciones. Estar a favor de la vida es estar a favor de la mujer, y para que los derechos de la mujer y el respeto por la vida en todas sus formas confluyan positivamente, la sociedad no puede escatimar los recursos económicos necesarios para apoyar la maternidad y la educación sexual consistente con el respeto a la vida, apoyar la conciliación de la maternidad con el desarrollo de la mujer a todos los niveles, apoyar la corresponsabilidad de los varones en la sexualidad y la crianza, apoyar el proceso del embarazo sanitaria, psicológica y socialmente, y apoyar a los menores en riesgo o a las personas con discapacidad, también después de nacidos. En ello nos jugamos mucho.
La libertad de vivir, y su expresión jurídica en el derecho a la vida, es un atributo inseparable de la persona humana que condiciona su existencia con el consecuente desenvolvimiento material y espiritual de los hombres.
La libertad de vivir, entendida en un sentido conceptual amplio, comprensivo tanto de los matices físicos y materiales como también de todos los aspectos y proyecciones de la personalidad espiritual del ser humano, constituye un bien fundamental cuya valoración supera holgadamente a los restantes derechos y libertades, por la simple circunstancia de que ninguno de ellos puede ser considerado en forma separada de aquélla. La vida es el presupuesto condicionante de las restantes especies del género libertad.
Es verdad que vivimos en nuestro país en un momento histórico muy conflictivo y de gran dificultad; a nuestra sociedad actual le falta una gran dosis de serenidad, equilibrio y humanidad, estando sobrada de tensión y violencia. Algunos han afirmado que vivimos en un mundo roto, donde desgraciadamente no respetamos la vida en general: el deterioro del medio ambiente, la crisis ecológica, la desaparición de especies animales y vegetales, etc. El 90 % de los abortos se dan antes del tercer mes y la mayoría de los causales que se argumentan en el párrafo del Art. 110 del código que fue eliminado se dan a partir del 5to mes.
Ya el articulo 110 es bien claro cuando cita «Eximentes. La interrupción del embarazo practicado por personal medico especializado en establecimiento de salud,públicos o privados, no es punible si se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles para salvar las dos vidas, hasta donde sea posible.”
No es moralmente lícito eliminar en forma directa una vida para salvar otra, en este caso ni la vida del hijo para salvar la de la madre, ni la vida de la madre para salvar la del hijo. En consecuencia, es un deber moral e hipocrático en el caso del médico hacer todo el esfuerzo para salvar la vida de ambos, pues una cosa es aceptar la muerte como final natural de una vida y otra muy distinta es provocarla aunque sea para salvar otra. Por otra parte, el avance de la ciencia médica y el desarrollo de la tecnología en materia de salud ha disminuido a niveles muy bajos, los supuestos en que se pueda dar la disyuntiva planteada. También se dice que la madre ejerce el derecho de legitima defensa contra el niño. Pero este argumento no se puede admitir, pues el niño no es ni puede ser un injusto agresor; para poder hablar de injusticia es necesario que el acto sea moralmente malo y que quien lo realice sea psicológicamente responsable; estas condiciones aquí no caben de ninguna manera.
En toda la temática del aborto nos encontramos con una manipulación del lenguaje jurídico. La manipulación del lenguaje consiste en que “matar a un inocente indefenso” es presentado como un acto médico o un acto justo. Las palabras “interrupción médica del embarazo”, “aborto terapéutico”, “derechos de la mujer sobre su propio cuerpo” y otras tantas tienen la finalidad de mentir a la sociedad para desdibujar la verdad contenida en el aborto. Es preciso eliminar las ambigüedades respecto del aborto.
La realidad social, en lo que se refiere a la percepción sobre los dilemas morales del aborto, nos ofrece un panorama que no parece fácilmente resoluble en el corto plazo, debiéndose, a nuestro parecer, apostar por elementos en los que la educación ha de jugar un papel principal, y ello, sin detrimento de la protección real que merece el nasciturus. Considerar que una norma jurídica puede cambiar la realidad del aborto a corto plazo constituye un acto que puede pecar de ingenuidad. Ciertamente, la vida del nasciturus es un bien jurídico digno de la mayor tutela a través de los medios más eficaces de protección. Pero precisamente la idoneidad de los procedimientos de defensa no implica necesariamente acudir en todo caso al recurso jurídico más traumático, como es la intervención penal. De sobra es sabido que este instrumento jurídico debe constituir la ultima ratio del legislador, pues la sanción penal no deja de ser un mal aflictivo; pero además hay que tener presente que la respuesta punitiva puede representar un medio inadecuado, incluso contraproducente, en determinados supuestos de gravedad en que, por encontrarse involucrados varios bienes de enorme valor, lejos de lograr cumplir sus fines preventivos, no sólo no reduce el daño que trata de evitar, sino que lo puede incrementar dolorosamente con más perjuicios. La propia Congregación para la Doctrina de la Fe reconoce que «la ley humana puede renunciar al castigo pero no puede declarar honesto lo que sea contrario al derecho natural» (De aborto procurato, 21). Así las cosas, hay que procurar agotar el uso de otros mecanismos, tanto jurídicos como de otra índole, que sirvan de verdad al fin de prevención sin causar mayor sufrimiento.
Junto a la educación, la protección a la maternidad desde diferentes esferas, como son las económicas, laborales, culturales, sociales o sanitarias, son deberes del Estado y grandes tareas del conjunto de la sociedad. No basta, pues, con prohibir o educar, sino que es indispensable promover políticas efectivas de protección a la maternidad, de manera que la ausencia de las mismas no abonen e incidan en la opción de interrumpir el embarazo. Como dice la Congregación para la Doctrina de la Fe en el mismo documento recién citado: «No se puede jamás aprobar el aborto; pero, por encima de todo, hay que eliminar sus causas» (n. 26). En este camino de intentar eliminar las causas que llevan a tan elevado número de abortos en nuestra sociedad, creo que la Universidad tiene un importante papel. La Universidad puede colaborar con el Estado y la sociedad civil al servicio de una cultura de la vida en la promoción de políticas justas y efectivas de protección a la maternidad, de adopción, de familia, de empleo, de educación y de salud, que incidan positivamente en la opción de no interrumpir el embarazo.
Y finalmente, deseo que la que la sociedad y el estado así como nuestras Universidades contribuyan desde el desempeño de sus funciones a lo que el Papa Francisco pidió en la entrevista concedida a La Civiltá Cattolica al referirse también a las mujeres antes, durante y después del aborto o de la decisión de tener el hijo: «Es necesario considerar siempre a la persona. Aquí entramos en el misterio del hombre. En la vida -precisó- Dios acompaña a las personas y nosotros debemos acompañarlas a partir de su condición. Es necesario acompañar con misericordia».
